El gobierno español se defendió este viernes de que vaya a emprender un cambio en su política de gestión de la inmigración afirmando que sólo las necesidades del mercado de trabajo dictarán la evolución de las contrataciones de trabajadores extranjeros en sus países de origen.

El gobierno defiende "una inmigración legal y ordenada, en función de las necesidades del mercado laboral, que es lo único que cambia, el mercado laboral pero no la política", declaró la vicepresidenta del gobierno socialista, María Teresa Fernández de la Vega, al término de un consejo de ministros.

Fernández de la Vega trató de allanar el comienzo de una polémica surgida tras las declaraciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien el miércoles por la noche afirmó que la contratación de trabajadores extranjeros "será cercana a cero" en 2009 debido al alza del desempleo en España.

"Habrá contrataciones en origen, las que se necesiten", declaró De la Vega matizando las palabras del ministro.

"De todas formas, habrá contratos temporales y, en todos los casos, siempre que lo determinen quien lo determina, que son los agentes sociales, los empresarios, las empresas, los sindicatos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos", añadió de La Vega.

España sufre una ralentización económica y el índice de desempleo, tras haber bajado a un 7,95% en el verano de 2007, volvió a aumentar, alimentado por los obreros del sector de la construcción, poco cualificados y a menudo inmigrantes, sobre los que la crisis inmobiliaria ha tenido un impacto enorme.

Así, el índice de desempleo alcanzó el 10,4% en el segundo trimestre y el gobierno prevé que llegue al 12,5% en 2009.

"No parece razonable que en un mercado como España, donde tenemos 2,5 millones de personas desempleadas, contratemos aún personas en sus países de origen", había declarado Corbacho, atrayéndose las críticas de empresarios, sindicatos y otras formaciones políticas.