"No soy partidario de reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga. Creo que no conduce a nada. Yo soy partidario de mirar al futuro", dijo este martes Mariano Rajoy sobre la petición de datos de los desaparecidos en el franquismo y la Guerra Civil cursada por el juez Baltasar Garzón.

Al término de una reunión de la directiva de su partido en Madrid, el líder del PP mostraba así su posición contraria a la iniciativa del magistrado de la Audiencia Nacional, anunciada el lunes. Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sólo comentó que la solicitud de Garzón le merece "una consideración de respeto", como cualquier decisión judicial.

Para garantizar la independencia de la justicia, "lo más prudente es no realizar valoraciones", zanjó Zapatero, cuyo abuelo paterno fue un militar leal a la República fusilado por los golpistas. Mientras, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, dijo a la AFP que la decisión de Garzón de solicitar a varias instituciones los datos que posean sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75) es "emocionante e histórica".

Álvaro Fernández Alonso, de la Asociación por la Memoria Histórica de Cataluña, recibió la noticia con "alegría y cautela", ya que "son diligencias previas y todavía no están aceptadas por el juez las denuncias efectuadas". Sin embargo, se declaró optimista. Tanto Silva como Fernández Alonso coincidieron en que el número de desaparecidos supera los 30.000.

Silva volvió a reclamar la "responsabilidad del Estado" para localizar y recuperar los cuerpos de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. La llamada Ley de la Memoria Histórica, aprobada en octubre de 2007, para rehabilitar a las víctimas de aquellos años, deja esta responsabilidad sólo en las manos de las familias, lamentó.

En los últimos ocho años, la ARMH impulsó la exhumación de 110 fosas comunes. Posee datos de la existencia de casi 400 fosas más en toda España y ha recibido demandas para localizar a 5.000 desaparecidos.

La Audiencia Nacional recibió en los últimos dos años demandas de una decena de asociaciones para la investigación de la desaparición de más de 1.200 personas pertenecientes al bando perdedor. Según la ley actual, las demandas para establecer responsabilidades de las desapariciones han prescrito, pero las asociaciones de familiares consideran que se trata de crímenes contra la humanidad, que nunca prescriben.