Estos atentados tiene lugar después de la confirmación el jueves por el tribunal constitucional español de la suspensión del controvertido proyecto del presidente del gobierno vasco, el nacionalista Juan José Ibarretxe, de organizar una "consulta popular" sobre el derecho a la autodeterminación del País Vasco.

El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, condenó los atentados, asegurando que "en España, la mejor forma de asegurarse una estancia en prisión es ingresar en ETA".

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el poder, deploró "una vez más, que ETA ataque a todos los ciudadanos".

ETA ya ha realizado en el pasado este tipo de campañas de atentados cerca de zonas turísticas, importante motor de la economía de España, segundo país más visitado del mundo después de Francia.

Las explosiones se han concentrado a menudo en el litoral mediterráneo, como en 2002, cuando la explosión de un coche bomba causó dos muertos, entre ellos un niño de 6 años, en la localidad valenciana de Santa Pola (este).

En julio de 2003, un doble atentado dejó varios heridos extranjeros en Alicante y Benidorm (sureste).

En 2004 varias explosiones, la mayoría de escasa intensidad, tuvieron lugar en el litoral del norte de España.

El último atentado de la organización independentista armada vasca data del 4 de julio, cuando una bomba estalló en el País Vasco cerca de una instalación de telecomunicaciones.

Previamente, el 8 de junio, la banda provocó daños de consideración en la imprenta del periódico El Correo en Zamudio, en el País Vasco, sin causar víctimas.

Desde la ruptura de la tregua en junio de 2007, ETA ha matado a cuatro personas.

En total, la banda, que forma parte de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, es considerada responsable de la muerte de 823 personas en 40 años de violencia.